En el estado de Coahuila en el Norte de México, desde hace años, cientos de familias se están organizando para buscar a sus seres queridos quienes fueron sometidos a la desaparición forzada. De acuerdo con la cifra oficial en Coahuila, entre 1995 y 2018 han sido registrados 1,779 casos.

La búsqueda de los familiares de personas desaparecidas, organizadas en colectivos, y la presión internacional en este tema han permitido ciertos avances en el trabajo de búsqueda e identificación. En el estado de Coahuila, desde el año 2013, se adelanta la implementación de las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias. A lo largo de este camino, las familias de personas desaparecidas y organizaciones de derechos humanos han impulsado la creación de políticas públicas guiadas a garantizar el acceso a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición en relación a la desaparición forzada. En este marco, a finales del año 2017 se adoptó una ley estatal que tiene por objetivo la identificación de “todas y cada una de las personas que se encuentran en calidad de desconocidas, así como los restos que sean localizados en campo abierto.” De esta ley se deriva un Plan Estatal de Exhumaciones que permite una organización del trabajo de búsqueda e identificación de cuerpos en el estado de Coahuila, mediante la coordinación entre autoridades y sociedad civil.

El Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios A.C. es una de las organizaciones que acompaña el proceso y a los colectivos de familiares. Desde el año 2009, actúa como organización para la defensa de los derechos humanos, brindando asesoría legal, psicológica y organizativa a las familias de personas desaparecidas para construir caminos alternativos de esperanza. PBI acompaña al Fray Juan de Larios desde el año 2013. Para el caso específico de la exhumaciones, a petición de la organización, tiene un rol de observador internacional del Plan Estatal de Exhumaciones. PBI reconoce la importancia de acompañar los procesos que involucran a las personas defensoras de derechos humanos en los que se reivindican el derecho a la verdad, a la justicia, y a las garantías de no repetición en el contexto de las desapariciones, haciendo énfasis en la importancia que tiene la participación de las familias en todo este proceso.

En el marco del Plan Estatal de Exhumaciones se organizan una serie de jornadas donde las autoridades realizan un proceso de exhumación y los colectivos de familiares, acompañados por Fray Juan de Larios, documentan todo lo ocurrido. En Coahuila, la mayoría de las familias están organizadas en cinco colectivos: Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y México (FUUNDEC-M); Grupo Víctimas por sus Desaparecidos en Acción (V.I.D.A); Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de personas desaparecidas de Piedras Negras; Alas de Esperanza de Allende y Asociación Internacional de Búsqueda de Nuestro Desaparecidos (Asibudes). Cada colectivo representa la lucha constante que emprenden las familias cuando una persona desaparece, son ellas y ellos quienes buscan e investigan. No solo buscan a sus familiares sino que en una red de solidaridad y colectivización de la lucha, las familias buscan a todas las personas desaparecidas en México.

En lo que va del 2018, en el marco del Plan Estatal de Exhumaciones se han realizado varias jornadas en Coahuila, principalmente en los municipios de Acuña y Piedras Negras. En los primeros días de octubre, PBI acompañó al Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios y a los colectivos de familiares a una jornada de exhumaciones realizada en el panteón municipal de Piedras Negras. Las y los representantes de los colectivos se desplazaron desde varios lugares de México y durante dos días, con la presencia de autoridades del estado, se realizó la exhumación de cuatro cuerpos.

Tanto el Fray Juan de Larios como los colectivos reconocen la existencia del Plan Estatal, pero identifican grandes retos en su implementación. De acuerdo, con el ritmo y calendario contemplados en el Plan, las autoridades van a tardar más o menos 10 años para exhumar 498 cuerpos, una cifra inferior a las cifras oficiales de personas desaparecidas en el estado. Por otra parte, hace falta un trabajo inmenso en el proceso de identificación y entrega de las personas, al igual que en el tema de investigación y persecución del delito. Queda un largo camino por recorrer, sin embargo, este Plan por lo menos ofrece algo de esperanza adentro del panorama obscuro de la desaparición forzada en México.