Los días 7 y 8 de octubre en Malinaltepec, municipio ubicado en la Región Montaña de Guerrero, se realizó el Encuentro Nacional contra el Modelo Extractivo Minero. El foro, fue propiciado por el Concejo Regional de Autoridades Agrarias de las regiones Montaña- Costa Chica del Estado de Guerrero, en Defensa del Territorio contra la Minería y la Reserva de la Biosfera, (CRAADT) y acompañado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y asistieron autoridades y líderes comunitarios de los pueblos indígenas de diferentes lugares de México y de Cajamarca, Perú.

En el marco de una gira de incidencia, Marcos Leyva, director de Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA) y Rosalinda Dionicio, representante de la Red de defensores y defensoras comunitarias del pueblo de Oaxaca (REDECOM) mantuvieron reuniones con representantes políticos de la Unión Europea y de cuatro países europeos, así como con procedimientos especiales de las Naciones Unidas y actores de la comunidad internacional.

Del 16 al 18 de octubre, Araceli Tecolapa del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos Morelos y Pavón del estado de Guerrero, organización acompañada por PBI, participó en una delegación de defensores mexicanos a Canadá.

La Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de la ONU,Victoria Tauli-Corpuz, realizó su visita oficial a México del 8 al 17 de noviembre con el objetivo de “examinar la implementación de las recomendaciones realizadas por [su] predecesor el Relator Especial Rodolfo Stavenhagen en 2003, y evaluar cómo México ha incorporado sus compromisos internacionales de derechos humanos en relación con los pueblos indígenas.

El 6 de noviembre la clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas publicó el informe “Control… sobre todo el estado de Coahuila” junto con la  colaboración de el Centro Diocésano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios (CDDH FJDL). El informe recoge testimonios que se dieron durante diferentes juicios estatales en Estados Unidos, y destaca las graves violaciones a los derechos humanos que se han dado en la región.

En el marco del examen al Estado mexicano por parte del Comité ONU de derechos económicos, sociales y culturales, PBI y otras organizaciones internacionales enviaron un informe sombra sobre la situación de personas defensoras DESC. Este, resalta la alta vulnerabilidad de las personas que defienden la tierra y el territorio, así como los tipos de agresiones que enfrentan, siendo las más comunes las amenazas, la intimidación y la criminalización.

En el mes septiembre, voluntarias de PBI se desplazaron a Coahuila en el marco del acompañamiento internacional que realiza a OSCs del estado que trabajan como defensores de las personas migrantes en el norte del país, y que enfrentan riesgos por la labor que realizan con población migrante vulnerada en sus derechos.

En septiembre se cumplieron 3 años desde la desaparición masiva de estudiantes ocurrida en Iguala, estado de Guerrero, conocida como el “Caso Ayotzinapa”. PBI observó la «Caminata Silenciosa» que conmemoró la fecha, y al mismo tiempo exige justicia, y que además se solidarizó con víctimas y afectados por el reciente sismo.

Tras declarar una Alerta para personas defensoras de derechos humanos en el Estado de Guerrero, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos y Todas (Red TdT), convocó la primera Misión Civil de Observación en Chilapa y Chilpancingo zona de la Montaña de Guerrero en donde ejercen su labor el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José Ma. Morelos y Pavón” y el Centro de derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

El 13 de septiembre, el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, organización acompañada por PBI, informó en un comunicado de prensa sobre la puesta en libertad de una de las personas a las que acompaña jurídicamente, el señor J.Valdez, quien según informa el centro fue acusado en 2011 por el delito de extorsión agravada, acusación inicial sobre la cual se emitió el día 11 de septiembre un nuevo juicio para la investigación de los hechos de tortura perpetrados contra el acusado por agentes ministeriales, lo cual fue -luego del peritaje independiente realizado bajo los lineamientos del Protocolo de Estambul- ratificado por la resolución del juez, quien determinó su liberación.