El 7 de enero de 2018, tras un enfrentamiento violento en la comunidad La Concepción (Guerrero) que resultó en la muerte de ocho personas, tuvo lugar un operativo de seguridad donde tres personas perdieron la vida y por lo menos 25 fueron detenidas, la mayoría de ellas integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota (CECOP).
El 1 de Julio 2018 tendrán lugar las elecciones generales en México, que además de determinar la presidencia para los próximos 6 años, coinciden con varias elecciones locales. Serán las elecciones más grandes de la historia de México, con la elección de más de 3,400 cargos.
Las últimas dos sesiones (167 y 168) de la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos (CIDH) realizadas en 2018 han visto una panorama de audiencias sobre México, las cuales ofrecen una fotografía oscura de la situación de derechos humanos en el país. Estos casos reafirman la situación de crisis de derechos humanos que ya fuera constatada por la CIDH tras su visita in loco a México en 2015. También se visibilizaron los impactos de las políticas de seguridad pública y la prevalencia de la impunidad en los casos de violaciones de derechos humanos.
EDUCA, Servicios para una Educación Alternativa, nació en 1994 y tiene su sede en la Ciudad de Oaxaca de Juárez. A través de su trabajo en el área de derechos territoriales, se propone fortalecer y consolidar el liderazgo de organizaciones sociales, regionales y comunitarias que luchan por la defensa de su derecho al territorio, así como la generación de propuestas alternativas a las actuales políticas de desarrollo.
En el marco de los 12 años desde la tragedia de la mina Pasta de Conchos en la región carbonífera de Coahuila en México, representantes de la Organización Familia Pasta de Conchos presentaron el 18 de febrero de 2018 el informe “El carbón rojo de Coahuila: aquí se acaba el silencio”, en la Ciudad de México. Esta publicación, realizada con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll, cuenta “la historia del costo humano y ambiental que ha traído y dejado la extracción de carbón” en la región norte del país; además, de documentar la lucha que a lo largo de estos doce años han adelantado las familias de los 65 mineros que perdieron la vida en esta mina.
Han pasado 12 años desde la última revisión del Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) en México, por lo que la última revisión que el Comité se llevó a cabo en marzo de este año, fue muy bienvenida.
Del 9 al 13 de abril, una delegación de abogados y abogadas del Estado Español visitaron al Norte de México y la Ciudad de México para conocer de primera mano y visibilizar la situación de abogados y abogadas que defienden los derechos humanos en México, además de conocer el estado de implementación de las leyes generales sobre tortura y desaparición así como las estrategias de las organizaciones y personas defensoras frente a la Ley de Seguridad Interior.
Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), durante el 2017 el número de personas refugiadas aumentó un 578% y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) reconoció que hay un total de 14,594 personas solicitantes de refugiado en México. Como respuesta, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados está colaborando con varios albergues del sur del país y con la Casa del Migrante de Saltillo (CMS) en Coahuila, para ampliar los espacios y poder atender mejor a personas refugiadas.
En su último informe, publicado el 23 de marzo 2018, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Personas Defensoras de Derechos Humanos, Michel Forst, hace mención explícita de las personas defensoras de derechos humanos de Chilapa de Alvarez, Guerrero, y su particular nivel de riesgo en el contexto muy hostil en el que desarrollan su legitima labor: “Las personas defensoras de derechos humanos de Chilapa, donde las desapariciones masivas parecen haber ocurrido con la aquiescencia de las autoridades, son particularmente vulnerables a ataques en este contexto de crimen organizado y corrupción”.
Washington DC / Nueva York / Stuttgart/ Ginebra, 20 de marzo de 2018 – El Observatorio Internacional sobre Derechos Humanos en México mantiene su preocupación por la nueva Ley de Seguridad Interior y por la negativa del gobierno mexicano de aceptar las implicaciones de esta ley. El Observatorio Internacional urge a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a utilizar todos los mecanismos a su disposición para prevenir la militarización de la seguridad pública en México. En particular, el Observatorio insta a la CIDH a poner a disposición de la Suprema Corte de México su experticia durante la revisión de la ley propuesta, así como a solicitar la Opinión Consultiva de la Corte interamericana de Derechos Humanos sobre esta materia.