El 6 de noviembre la clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas publicó el informe “Control… sobre todo el estado de Coahuila” junto con la colaboración de el Centro Diocésano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios (CDDH FJDL). El informe recoge testimonios que se dieron durante diferentes juicios estatales en Estados Unidos, y destaca las graves violaciones a los derechos humanos que se han dado en la región.
En el marco del examen al Estado mexicano por parte del Comité ONU de derechos económicos, sociales y culturales, PBI y otras organizaciones internacionales enviaron un informe sombra sobre la situación de personas defensoras DESC. Este, resalta la alta vulnerabilidad de las personas que defienden la tierra y el territorio, así como los tipos de agresiones que enfrentan, siendo las más comunes las amenazas, la intimidación y la criminalización.
En el mes septiembre, voluntarias de PBI se desplazaron a Coahuila en el marco del acompañamiento internacional que realiza a OSCs del estado que trabajan como defensores de las personas migrantes en el norte del país, y que enfrentan riesgos por la labor que realizan con población migrante vulnerada en sus derechos.
En septiembre se cumplieron 3 años desde la desaparición masiva de estudiantes ocurrida en Iguala, estado de Guerrero, conocida como el “Caso Ayotzinapa”. PBI observó la «Caminata Silenciosa» que conmemoró la fecha, y al mismo tiempo exige justicia, y que además se solidarizó con víctimas y afectados por el reciente sismo.
Tras declarar una Alerta para personas defensoras de derechos humanos en el Estado de Guerrero, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos y Todas (Red TdT), convocó la primera Misión Civil de Observación en Chilapa y Chilpancingo zona de la Montaña de Guerrero en donde ejercen su labor el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José Ma. Morelos y Pavón” y el Centro de derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
El 13 de septiembre, el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, organización acompañada por PBI, informó en un comunicado de prensa sobre la puesta en libertad de una de las personas a las que acompaña jurídicamente, el señor J.Valdez, quien según informa el centro fue acusado en 2011 por el delito de extorsión agravada, acusación inicial sobre la cual se emitió el día 11 de septiembre un nuevo juicio para la investigación de los hechos de tortura perpetrados contra el acusado por agentes ministeriales, lo cual fue -luego del peritaje independiente realizado bajo los lineamientos del Protocolo de Estambul- ratificado por la resolución del juez, quien determinó su liberación.
El 30 de agosto se conmemoró el Dia Internacional de las Víctimas de Desaparición forzada; según cifras oficiales, en México existirían treinta mil personas desaparecidas, misma cifra que según organizaciones de la sociedad civil, podría ser mucho mayor, debido a la falta de un registro adecuado.
El 29 de agosto, el Comité Cerezo México, Acción Urgente para la Defensa de Derechos Humanos, (ACUDDEH, AC), y la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada, presentaron su sexto Informe, que comprende el periodo de junio de 2016 a mayo de 2017. Durante este periodo se habrían documentado 1442 violaciones a personas defensoras de derechos humanos, lo que significaría -según registros de las mismas organizaciones- más del 50% de agresiones que en el periodo anterior (Informe 2015-2016).
El pasado 11 de agosto en la ciudad de Chihuahua, se llevó a cabo el conversatorio “el ejercicio al derecho a la Consulta ante los tribunales”. El evento fue convocado por la organización Alianza Sierra Madre A.C. (ASMAC) y contó con la participación de Consultoría Técnica Comunitaria (CONTEC) y del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).
El 27 de julio el Grupo Focal sobre Empresas y Derechos Humanos, a través de un comunicado anunció que se deslinda del proceso para crear el Programa Nacional de Empresas y Derechos Humanos (PNEDH), debido a que la propuesta presentada por el gobierno mexicano no cubriría los estándares internacionales que las Naciones Unidas han establecido en los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos.