Desde PBI México expresamos preocupación por los graves acontecimientos ocurridos el mes pasado en la comunidad de San Mateo del Mar, Oaxaca.

Organizaciones sociales, instituciones del Estado y comunidad internacional rechazan las amenazas contra Consorcio Oaxaca y exigen al Gobierno mexicano la implementación de medidas eficaces para garantizar la seguridad de sus integrantes

El pasado jueves 2 de julio desde PBI organizamos un seminario virtual sobre la defensa de los derechos de las personas migrantes en tiempos de COVID-19, en colaboración con la Universidad Carlos III de Madrid, y para el cual contamos con la presencia del Relator Especial sobre Derechos Humanos de los Migrantes de Naciones Unidas, el profesor Felipe González Morales.

Durante el último mes participamos y llevamos a cabo varias actividades dando continuidad al acompañamiento remoto a las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos en México. A continuación, queremos destacar algunas de ellas:

Conversatorio regional “Afrontando el contexto del COVID 19”

Traducción al español del artículo de Brent Patterson, PBI Canadá

El 29 de mayo y el 12 de junio, organizaciones de la sociedad civil tendrán la oportunidad de participar de forma virtual en sesiones de consulta informal sobre un instrumento legal vinculante que podría regular las actividades de empresas transnacionales.

Desde PBI México, continuamos brindando acompañamiento vía remota a las personas defensoras de derechos humanos, haciendo un monitoreo y análisis permanente e informando a la comunidad internacional y a las autoridades relevantes sobre la situación de las personas defensoras en México.

El pasado 11 de mayo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo presidencial “por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”.

En el estado de emergencia sanitaria por el Covid-19, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y organizaciones de la sociedad civil instan al Gobierno e instituciones mexicanas a generar medidas para garantizar el derecho a defender conforme a las recomendaciones nacionales e internacionales.

El pasado 27 de abril se cumplió el décimo aniversario del fallecimiento de Bety Cariño y Jyri Jaakkola, personas defensoras de derechos humanos y activistas asesinadas en el marco de la Caravana humanitaria y de observación de derechos humanos en las inmediaciones de la comunidad indígena de San Juan Copala, en el estado de Oaxaca. 10 años después, se sigue exigiendo justicia.

El pasado 28 de abril la Comisión Europea anunció, tras una llamada telefónica entre el comisario Phil Hogan y la ministra de economía mexicana, Graciela Márquez Colín, la conclusión de las negociaciones del Acuerdo Global México-Unión Europea.1 Este acuerdo comercial, cuyas negociaciones habían permanecido congeladas desde mediados de 2018, ha sido finalizado en un momento en el que la atención de la sociedad civil está centrada en responder a los desafíos que supone la pandemia por covid-19 con poca capacidad