El acompañamiento de PBI en 2018 benefició a más de 50 organizaciones de la sociedad civil mexicana y a 341 personas defensoras de derechos humanos, de las cuales más del 65% son mujeres defensoras. El trabajo de estas personas y organizaciones beneficia al menos a 146,351 personas y promueve los derechos humanos en todo el país.
Lee nuestro nuevo Informe Global sobre el trabajo de las entidades de PBI por todo el mundo durante el 2018. Lee sobre nuestro trabajo en América Latina, Africa y Asia junto con historias de las personas defensoras de derechos humanos que acompañamos. También ve el resumen financiero, información sobre las personas voluntarias y nuestros donantes que posibilitan al trabajo.
Atoyac de Álvarez es un municipio del estado de Guerrero enclavado entre la Sierra Madre del Sur y la Costa Grande y, así como en muchas regiones de América Latina, sus venas todavía siguen abiertas. Su historia, durante la llamada Guerra Sucia en los años 70, es un paradigma para la historia de la violencia estatal en México: violaciones a los derechos humanos a través de la militarización de la zona, desapariciones forzadas y asesinatos.
Después de dos décadas de lucha, la comunidad rarámuri de Choréachi en la Sierra Tarahumara logró una sentencia importante a finales del 2018 dictando que los linderos de su territorio ancestral se respetaran y que los permisos de aprovechamiento forestal que se otorgaron a núcleos agrarios ilegalmente, se invalidaran.
El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, asumió el cargo tras encabezar una campaña electoral enfocada en gran medida en el combate a la corrupción y la inseguridad, y en la pacificación y reconciliación para el pueblo mexicano. Este informe se centra en cómo el nuevo gobierno puede abordar un aspecto importante de este esfuerzo: crear un entorno más seguro y propicio para que periodistas y personas defensoras de los derechos humanos puedan realizar su importante trabajo.
Autor(a): Aluna Acompañamiento Psicosocial
Desde el enfoque psicosocial es fundamental contextualizar la afectación de las defensoras en un escenario de violencia sociopolítica y patriarcal, pues por su trabajo se enfrentan a estructuras de poder dominantes. Al tocar intereses de actores como el Estado, el crimen organizado y empresas privadas nacionales o internacionales, las defensoras son amenazadas, criminalizadas, hostigadas e incluso víctimas de tortura sexual, por lo que sus vidas están en riesgo.
Por su labor en defensa de los derechos humanos, las mujeres defensoras desafían a los papeles tradicionales de género de la sociedad patriarcal que mantiene a las mujeres en el ámbito doméstico. Como consecuencia, las mujeres defensoras sufren campañas de desprestigio que buscan dañar sus reputaciones, acusándoles de abandonar a sus familias o de estar buscando parejas sexuales. En adición, las mujeres defensoras reciben amenazas, ataques y hostigamiento, también de una naturaleza sexual.
Crédito de la foto: Reforma
Durante los últimos meses, PBI junto con varias otras organizaciones nacionales e internacionales, hemos llamado la atención sobre el riesgo extraordinario en que viven las personas quienes defienden su territorio en contra de proyectos económicos en México y por toda la región de América Latina. Durante las últimas semanas en México estas advertencias se han convertido en realidad, y lamentablemente, la situación que prevenimos se ha empezado a llevar a cabo.
En un contexto de debates y protestas en México acerca de la conformación de una Guardia nacional para la seguridad pública, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) publicó el 28 de noviembre del 2018 su sentencia en el Caso Alvarado, un caso emblemático de desapariciones forzadas causadas por el contexto de militarización, que ocurrieron en 2009 en el estado de Chihuahua.