En México, la situación de las personas defensoras de derechos humanos es preocupante, algunas de ellas han sido desaparecidas como consecuencia de su participación en procesos de búsqueda y de lucha contra las desapariciones en el país. Esta fue una de las observaciones presentadas por el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (CED por sus siglas en inglés), en el informe sobre su visita a México el pasado 12 de abril de 2022.

El 30 de agosto de cada año, se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.  Este año se cumple el décimo aniversario del establecimiento de la fecha por parte de Asamblea General de la Organización Naciones Unidas (ONU) [1], propuesta por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos, para reiterar la responsabilidad de los Estados sobre la protección de todas las personas desapariciones y quienes les buscan.

Personas Defensoras de la Sociedad Civil Mexicana y Europea se reúnen en el Triálogo de Derechos Humanos junto con Representantes de Gobierno de México y Unión Europea.

Durante la pandemia, la construcción de megaproyectos energéticos y de infraestructura continuaron, al considerarse actividad esencial. Paralelamente, los procesos judiciales y amparos interpuestos por las comunidades afectadas y opositoras se paralizaron y la articulación de la protesta social quedó debilitada por las restricciones de confinamiento y distanciamiento social.

El 70% de las personas defensoras asesinadas en México en 2020 defendían el territorio y el medioambiente