El pasado 11 de mayo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo presidencial “por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”.
En el estado de emergencia sanitaria por el Covid-19, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y organizaciones de la sociedad civil instan al Gobierno e instituciones mexicanas a generar medidas para garantizar el derecho a defender conforme a las recomendaciones nacionales e internacionales.
El pasado 27 de abril se cumplió el décimo aniversario del fallecimiento de Bety Cariño y Jyri Jaakkola, personas defensoras de derechos humanos y activistas asesinadas en el marco de la Caravana humanitaria y de observación de derechos humanos en las inmediaciones de la comunidad indígena de San Juan Copala, en el estado de Oaxaca. 10 años después, se sigue exigiendo justicia.
El pasado 28 de abril la Comisión Europea anunció, tras una llamada telefónica entre el comisario Phil Hogan y la ministra de economía mexicana, Graciela Márquez Colín, la conclusión de las negociaciones del Acuerdo Global México-Unión Europea.1 Este acuerdo comercial, cuyas negociaciones habían permanecido congeladas desde mediados de 2018, ha sido finalizado en un momento en el que la atención de la sociedad civil está centrada en responder a los desafíos que supone la pandemia por covid-19 con poca capacidad
El 10 de mayo se celebra en México el Día de las Madres. Sin embargo, para las madres de personas desaparecidas, esta fecha no es motivo de celebración, sino un día de lucha y exigencia por la ausencia de sus seres queridos. Desde hace casi 10 años, junto a familias de personas desaparecidas, convocan a la Marcha por la Dignidad Nacional «Madres buscando a sus hijos, hijas, verdad y justicia», para reivindicar el hecho de que no todas pueden celebrar este día como quisieran, exigiendo la necesidad de verdad y justicia al Estado.
El año 2000, en el Estado de Guerrero donde todavía no se hacia presencia internacional, PBI empieza sus primeros acompañamientos a organizaciones locales de defensa de los derechos humanos. Ya habían pasado cinco años desde las primeras peticiones de acompañamiento por parte del Servicio Internacional para La Paz (SIPAZ) en Chiapas después el levantamiento Zapatista en 1994. En diciembre de 2003, PBI empezó a acompañar a los integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” en su nueva oficina de Ayutla de los Libres.
Ubicado en la zona sur de México, el Istmo de Tehuantepec comprende los estados de Oaxaca y Veracruz. Se trata de la zona más angosta del país entre los océanos Pacífico y Atlántico, divididos por tan solo 200km de territorio. Los proyectos de desarrollo se han hecho presentes desde comienzos del siglo XX. PBI acompaña a personas defensoras de la tierra y el territorio que enfrentan amenazas por su oposición a dichos proyectos desde 2011.
“Istmo, ruta comercial para el mundo”
“Pasta de Conchos es muy importante porque sentará un precedente de cómo debe ser la minería, cómo deben ser tratados los trabajadores y que el que quiera abrir una mina se la piense dos veces”, Cristina Auerbach.
Impulsado hace una década por la sociedad civil mexicana y por entidades internacionales, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas si bien fue un avance considerable sigue teniendo deficiencias notables e insuficiencias preocupantes en el contexto de alto riesgo al cual se enfrentan las personas defensoras de derechos humanos en México.
Desde la apertura de nuestra oficina en Chihuahua en 2013, construimos vínculos con varias organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Alianza Sierra Madre, A.C. - ASMAC, a la que acompañamos formalmente desde 2018.